En mi barrio de Camajuaní hace mucho tiempo que el servicio de agua es irregular o prácticamente inexistente. Ante esta realidad surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto el régimen se ha desentendido del problema y recurre únicamente a la demagogia para tranquilizar al ciudadano común, o realmente está tomando en serio esta situación?
La evidencia empírica parece apuntar más hacia la primera hipótesis. Conviene señalar que la falta de instalación y sustitución oportuna de turbinas, motores, tuberías, acometidas eléctricas y otros componentes esenciales para garantizar el suministro de agua no es un fenómeno reciente. Las carencias en materia de inversión, mantenimiento y reparación vienen acumulándose desde hace décadas, incluso desde los años en que Cuba contaba con el respaldo económico de la Unión Soviética.
Más que un problema exclusivo de escasez de recursos, esta situación parece reflejar una ausencia de visión estratégica acerca de cuáles son las prioridades fundamentales para el desarrollo de la nación. La incapacidad para identificar, planificar y sostener en el tiempo aquellas inversiones indispensables para el bienestar de la población ha terminado manifestándose en el deterioro progresivo de servicios y sectores esenciales.
Esta falta de visión estratégica no se limita al sistema de acueducto y alcantarillado. Sus consecuencias pueden apreciarse en numerosos sectores de importancia vital, como la agroindustria azucarera, el Sistema Electroenergético Nacional, el transporte, la infraestructura y otros muchos ámbitos cuya degradación se ha ido acumulando a lo largo del tiempo.
En este contexto, vale la pena detenerse en la arquitectura psicológica e institucional característica del sistema socialista cubano, así como en la conducta de la clase política encargada de ejecutar los planes y materializar las aspiraciones proclamadas por el régimen.
Entre los rasgos que pueden observarse destacan los siguientes:
•Predomina el comportamiento político y la adhesión al discurso oficial por encima de la eficiencia administrativa, la responsabilidad institucional y los resultados concretos que debería generar cada organismo.
•Se reduce el protagonismo del individuo como ciudadano, actor económico y sujeto social. La planificación centralizada desempeña un papel importante en este proceso al limitar los espacios de autonomía y responsabilidad personal.
•Sin embargo, la cultura de dependencia no puede explicarse únicamente por la planificación centralizada, aunque esta constituye un factor de enorme importancia. También influyen la escasa conciencia de dueño y de responsabilidad sobre los bienes y recursos colectivos, la disponibilidad casi exclusiva de instituciones estatales para satisfacer las necesidades fundamentales de la población y el verticalismo inherente al sistema, que concentra las decisiones en los niveles superiores y reduce los espacios para la iniciativa ciudadana.
•El resultado es una forma de infantilismo social y cívico en la que el individuo termina delegando en el Estado responsabilidades que en una sociedad más abierta asumiría por sí mismo.
Muchas de las conductas de pasividad, irresponsabilidad y dependencia observables hoy son, en buena medida, consecuencia de hábitos y comportamientos moldeados durante décadas de socialismo.
•A lo anterior se suma la expansión de prácticas como el sociolismo, el favoritismo y la corrupción, fenómenos que han terminado arraigándose en amplios sectores de la sociedad y, de forma particularmente visible, en segmentos de la clase política, administrativa y empresarial. Cuando los mecanismos de control y rendición de cuentas son débiles o se subordinan a criterios políticos, las relaciones personales, los privilegios y las redes de influencia terminan sustituyendo las normas impersonales que deberían regir el funcionamiento de las instituciones.
•Todo ello se ve reforzado por la existencia de un Estado policíaco, cuya expresión práctica se manifiesta en la omnipresencia de los órganos de seguridad, la subordinación de la administración de justicia al poder político y la capacidad de las estructuras estatales para supervisar, controlar y condicionar amplios aspectos de la vida social y política.
Desde esta perspectiva, el deterioro de servicios esenciales como el acueducto y el alcantarillado no parece ser únicamente el resultado de limitaciones materiales o técnicas. También refleja problemas institucionales más profundos relacionados con los incentivos, la rendición de cuentas, la definición de prioridades nacionales y el lugar que ocupa el ciudadano dentro del sistema.
La persistencia de la crisis del agua en lugares como Camajuaní constituye, en definitiva, mucho más que una deficiencia en la prestación de un servicio público. Es un síntoma visible de problemas estructurales que abarcan la falta de visión estratégica, la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, el arraigo de la corrupción y el sociolismo, así como una cultura de dependencia e infantilismo social desarrollada durante décadas. La solución de estos problemas requiere no sólo recursos materiales, sino también una transformación profunda de la manera en que se conciben las prioridades nacionales, la responsabilidad institucional y la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Más allá de la escasez de agua que hoy padecen miles de cubanos, la verdadera cuestión es si existe la voluntad política y la capacidad institucional para afrontar las causas profundas del problema. Mientras la prioridad continúe siendo la preservación del poder y no la solución efectiva de las necesidades de la población, es difícil esperar resultados distintos. En ese sentido, la crisis del agua no es un problema aislado: es el reflejo de un modelo que ha mostrado serias dificultades para garantizar el desarrollo sostenible de la nación y el bienestar de sus ciudadanos.