Editoriales
 
Mis razones para votar que no (VIII): La incapacidad para ponerse de acuerdo
Por Patricio Navia
21 de febrero de 2020
(El Lìbero) La señal que han enviado los principales actores políticos—que serán también los principales actores del proceso constituyente—es especialmente preocupante. Si los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para la campaña del plebiscito de abril, parece razonable dudar de la capacidad que tendrán para concordar después una nueva constitución. Este argumento en si mismo es suficiente para votar por el Rechazo en el plebiscito de abril de 2020.

(El Lìbero) A una semana del inicio de la campaña para el plebiscito del 26 de abril, destacan la fragmentación de los comandos y partidos que se han inscrito para ser parte de las campañas por el Apruebo y Rechazo. La fragmentación de los grupos que favorecen ambas posturas es un mal augurio para lo que debería venir después, en caso de que gane el Apruebo y se inicie un proceso constituyente. Si los partidos no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para coordinar una campaña, parece difícil imaginar que se podrán poner de acuerdo después para redactar una nueva constitución. El hecho que haya 10 comandos/partidos participando en la campaña para el plebiscito de abril debiera ser razón suficiente para votar rechazo a iniciar un proceso constituyente.

La campaña que se inicia el 26 de febrero tendrá 10 actores oficialmente registrados—7 partidos y 3 coaliciones multipartidistas. De ellos, 4 son de derecha—RN, UDI, Evópoli y Republicanos—y los otros 6 de izquierda. En la izquierda, hay tres coaliciones (PPD, PS y PR en la Convergencia Progresista, el PC, PRO y otros en Apruebo Chile Digno y el Frente Amplio) y 3 partidos (PDC, PH y Partido Ecologista Verde).  Dos de los 4 partidos de derecha harán campaña por el Rechazo (UDI y Republicanos), uno por el apruebo (Evópoli) y RN hará 70% por el Rechazo y 30% por el Apruebo.  Aunque parezca irrisorio, es correcto afirmar que en el proceso electoral habrá 10 partidos/coaliciones y 11 campañas distintas. Esto, sin contar las campañas que hagan distintos grupos de la sociedad civil.

Si bien es lógico que la democracia se caracterice por la diversidad de posiciones y posturas sobre distintos temas, parece preocupante que los grupos que están a favor del proceso constituyente y los que están en contra hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo para algo tan básico como la campaña electoral. De hecho, ya que muchos han querido comparar el plebiscito de abril de 2020 con el que se realizó en octubre de 1988 bajo la dictadura militar, una gran diferencia entre ambos procesos es que en 1988 los defensores del No a la continuidad de Augusto Pinochet en la presidencia fueron capaces de poner de lado sus evidentes diferencias sobre el Chile que querían construir para unirse tras una causa común. Esa capacidad de unidad no está presente hoy ni en los que están a favor del proceso constituyente ni entre los que se oponen al proceso.

Esta incapacidad para concordar una base común es particularmente preocupante entre las fuerzas que dicen apoyar un proceso constituyente. Después de todo, se supone que, para que ese proceso sea exitoso y produzca un texto que luego pueda ser aprobado por la ciudadanía en el plebiscito de salida, todas las partes involucradas deberán demostrar capacidad para construir grandes consensos. Si esos grupos no son capaces de unirse para armar una campaña común a favor del proceso constituyente, parece difícil imaginar que podrán ponerse de acuerdo después, cuando el desafío sea mucho más complejo y difícil.

Los procesos constituyentes involucran muchos riesgos. Uno de ellos, es que la convención constituyente decida ignorar las restricciones que le fueron impuestas y, en cambio, se vaya por la libre y decida arrogarse poderes que no le fueron otorgados en el acuerdo por la nueva constitución. Después de todo, la convención constituyente tiene el poder constituyente y no está formalmente amarrada por los acuerdos alcanzados por los actores del viejo régimen que será ahora remplazado. Si bien esa opción parece improbable, no es una alternativa imposible. Luego, nadie seriamente puede descartar que vaya a ocurrir. Lo improbable no es imposible.

Un segundo riesgo—mucho menos improbable—es que la convención constituyente sea incapaz de producir un texto coherente y completo. Algunos sugieren que, de ocurrir eso, la tarea de completar el texto quedará en manos del Congreso que se elija en noviembre de 2021. Pero tener una constitución incompleta es como irse a vivir a una casa sin techo. Es verdad que la gente puede rechazar, en el plebiscito de salida, la propuesta de carta magna que proponga la constituyente. Pero el ejercicio fallido de la constituyente—con los dos años de incertidumbre que este proceso habrá generado—tendrá altos costos para la economía y el desarrollo del país.

La señal que han enviado los principales actores políticos—que serán también los principales actores del proceso constituyente—es especialmente preocupante. Si los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para la campaña del plebiscito de abril, parece razonable dudar de la capacidad que tendrán para concordar después una nueva constitución. Este argumento en si mismo es suficiente para votar por el Rechazo en el plebiscito de abril de 2020.